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PorAlex Jaime

Sergio Moro, justicia o campaña política.

Es el encargado de la condena a Lula Da Silva.

Sergio Moro es un juez de brasil, originario de Maringa, es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.

Este magistrado desconocido hasta hace una par de años, salto a la fama con el caso de LAVA JATO (Lava-coches), denominado así porque comenzó en un estacionamiento de una estación de servicio en 2014.
Sus denuncias indicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras y que el dinero ilícito financió al entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.

Moro es el encargado de llevar a la cárcel a Marcelo Odebrecht, ex presidente de la mayor constructora de América Latina. Lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia. Emprendió una lucha que por momentos enfrentó al poder judicial con el político y que dividió a la sociedad brasileña entre quienes le consideran un “héroe” y quienes lo ven como un “populista” con intereses partidarios.

Su nombre, invocado con frecuencia en las manifestaciones contra la corrupción, figura en las encuestas entre los favoritos a la Presidencia de Brasil. El mismo no niega postularse al cargo, ya que hasta su imagen fue proyectada de forma positiva al exterior como una de las 100 personas mas influyentes.

PorAgostina

Las comunidades de pueblos originarios, exigen justicia por el cacique Javier Chocobar

Las comunidades diaguitas integrantes de la UPNDT,  en conjunto  con la Comunidad indígena Pueblo del  Tolombón, se movilizaran este jueves  6 de julio.  Para repudiar el recrudecimiento de las acciones de la justicia tucumana, en contra de las familias y comunidades indígenas.

El fallo emitido el pasado 9 de junio, por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en contra de la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón, el desalojo efectuado el pasado 28 de junio a 5 familias de Indio Colalao, sumado a la permanente falta de resolución en la causa del asesinato de  Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009 en la localidad de El Chorro, Trancas. Acusados por el crimen Darío Amín, y los ex policías Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso, son un claro posicionamiento del poder judicial provincial,  al desconocer y negar sistemáticamente la validez de la documentación, presentada por las  organizaciones en los múltiples juicios que la justicia debe resolver.

La negación por parte del poder judicial de tratados internacional, de  una aplicación obligatoria en nuestro país, y de nuestra constitución provincial, trae como consecuencia, la violación sistemática de las normas aprobadas por las propias instituciones estatales.

En la marcha  que se realizara este jueves  a las 9 hs. en Plaza Urquiza, hasta Plaza Independencia, pondrán en foco: La defensa por  los  derechos colectivos de las comunidades indígenas, una aplicación efectiva de la ley 26.160 y el esclarecimiento del asesinato del cacique Javier Chocobar .